Detectan nueva maniobra que podría hundir a Joaquín Lavín Jr: hay platas municipales de por medio
Fiscalía descubre vínculos entre Joaquín Lavín León y el uso de fondos públicos para trámites judiciales relacionados con él y su esposa.
Un nuevo hallazgo relacionado con el diputado Joaquín Lavín León ha sido descubierto por el Ministerio Público, en el marco de la investigación en la que el legislador figura como imputado y su esposa, Cathy Barriga, se encuentra en prisión preventiva.
Investigación sobre el uso de fondos públicos
Durante la revisión de correos electrónicos y testimonios, la Fiscalía Oriente encontró que, en el tiempo que Barriga ejerció como alcaldesa, se habrían utilizado fondos públicos para financiar trámites judiciales que beneficiaron a alguien ajeno al municipio: el propio diputado Lavín. La investigación revela que se contrató a la empresa jurídica Legalcorp, cuyos servicios se habrían solicitado para gestionar causas vinculadas al municipio. Sin embargo, la misma empresa tenía en su base de datos un caso en contra de Barriga y Lavín.
Los testimonios y la información clave
Según informó La Tercera, la Fiscalía consultó sobre este hecho con Carolina Paz Hervias, una abogada que trabajó en el municipio de Maipú entre 2017 y 2018. Hervias confirmó que había visto el caso de Lavín entre las causas manejadas por Legalcorp, pero aseguró desconocer los detalles del mismo. Además, mencionó en un correo que no debía incorporarse ningún caso ajeno al municipio en los trámites realizados por la empresa.
Por su parte, Felipe Contreras Huckstadt, quien fue director de Asesoría Jurídica de Maipú, reveló en su declaración ante la Fiscalía que había solicitado la inclusión de los casos de Barriga y Lavín en la revisión diaria de causas importantes. Según Contreras, se trataba de dos causas relacionadas con la cobranza de campaña electoral. Sin embargo, otro funcionario, Carlos Fairlie, quien supuestamente le dio la orden, lo negó.
La demanda de Patricio Muñoz Campos
La causa en cuestión fue iniciada por Patricio Muñoz Campos, exadministrador electoral, quien demandó al matrimonio Barriga-Lavín en 2014, exigiendo el pago de cerca de $30 millones por servicios prestados durante sus respectivas campañas políticas. Aunque la demanda fue retirada más tarde, la investigación reveló que este asunto estaba relacionado con los trámites judiciales de la empresa contratada por el municipio.
El abogado de Cathy Barriga, Cristóbal Bonacic, negó las acusaciones, aclarando que las causas mencionadas eran anteriores al mandato de Barriga como alcaldesa y que ambas habían sido cerradas en diciembre de 2016.
Este nuevo desarrollo ha generado más preguntas sobre el uso de recursos públicos y la relación de los involucrados con los trámites judiciales, mientras continúa la investigación.
