Expertos analizaron las posibles sanciones para los gendarmes de Rancagua tras el sumario por supuestos beneficios carcelarios a Eduardo Macaya Zentilli.

El empresario de 72 años, padre del senador Javier Macaya (UDI), fue condenado a 6 años de prisión efectiva por dos delitos de abuso sexual contra menores.

El Tribunal Oral en lo Penal de San Fernando dictaminó prisión preventiva mientras la sentencia no estuviera ejecutoriada. Aunque Macaya sólo estuvo tres días en esta condición, se habría beneficiado de un trato preferencial por parte de los carceleros.

En concreto, se alega que Macaya fue ingresado a la enfermería en una sala destinada a mujeres, en lugar de ser conducido a celdas de aislamiento o módulos de baja peligrosidad.

El Ministerio Público inició una investigación y Gendarmería comenzó un sumario para “establecer la veracidad de dichos antecedentes y eventuales responsabilidades en la correcta aplicación de protocolos y procedimientos”.

En este contexto, el OS-9 de Carabineros incautó el celular de Cristián Solis Riesco, jefe operativo de la cárcel de Rancagua, y de otros involucrados.

Investigación y Posibles Delitos

El exfiscal Carlos Gajardo explicó que la investigación del Ministerio Público busca determinar si hubo cohecho o tráfico de influencias para beneficiar al implicado.

“La incautación de los teléfonos celulares es una herramienta importante para establecer si existió o no un delito”, señaló.

La exfiscal Marisa Navarrete indicó que, aunque es prematuro determinar lo sucedido, los funcionarios y el padre del senador Macaya podrían enfrentar cargos.

“Las sanciones penales podrían ser por algún tipo de cohecho, por haber obtenido algún beneficio económico, y por haber infringido la normativa interna de la cárcel. En el caso de Macaya Zentilli, las penas son más bajas, pero podría ser castigado por un delito de soborno”, señaló.

Cristián Riego, académico de Derecho en la Universidad Diego Portales, explicó que las penas por tráfico de influencias para funcionarios públicos van de 3 a 10 años.

“Es un margen bastante amplio, pero hay otras penas accesorias como inhabilitación y multas”, agregó el experto.

Recurso de Queja de la Defensoría de la Niñez

La Defensoría de la Niñez presentó un recurso de queja contra los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Ellos revocaron la prisión preventiva de Eduardo Macaya, cambiándola por arresto domiciliario.

Fuentes de Radio Bío Bío informaron que la Corte Suprema podría solicitar un informe a los ministros del tribunal este lunes. Quieren conocer los argumentos detrás de esa decisión.