La defensa de Franco Vargas, conscripto fallecido tras una marcha en Putre, ha denunciado “hostigamiento” por parte del Ejército durante la investigación.

Ayer viernes, la Corte Suprema otorgó una orden de no innovar, instruyendo al Ministerio Público y al Juzgado de Garantía de Arica a abstenerse de seguir conociendo y decretar diligencias hasta que se resuelva el fondo de la contienda de competencia en la investigación del denominado caso Conscriptos. Esta decisión responde a una solicitud del Ministerio Público Militar para no interferir en la investigación.

El abogado Sebastián Andrade, representante de la madre de Franco Vargas, afirmó que ha habido “hostigamiento” del Ejército hacia su clienta en relación con la firma de documentos.

Acusan “Aproximaciones Indebidas” del Ejército hacia Familia de Conscripto Fallecido

En una entrevista con CNN Chile, Andrade descartó que haya amedrentamiento, afirmando: “Creo que es muy pronto para poder aseverar algo como eso (…) en el caso de mi representada afortunadamente no”. Sin embargo, señaló que ha habido “acercamientos indebidos” que podrían considerarse hostigamiento.

“Me refiero a llamadas insistentes, mensajes a través de WhatsApp, visitas a su domicilio en horarios no acordados y lo que esto implica para mi representada”, explicó Andrade.

El objetivo, según Andrade, sería conseguir que su clienta firme documentos relacionados con pagos de seguros y pensiones, entre otros. Ejemplificó con un documento en el que el Ejército determinaba que la muerte de Franco Vargas fue un accidente, y que, por tanto, le correspondía una pensión, documento que intentaron hacer firmar rápidamente a su clienta en su domicilio.

Consultado sobre si cree que hay una intención detrás de estos actos, Andrade respondió: “Yo creo que sí, una intención de buscar una víctima vulnerable que rápidamente firme ciertos documentos que los eximan o ayuden en responsabilidad”.