En junio de este año, Eduardo Macaya (71), padre de Javier Macaya, senador de UDI, enfrentó formalización por abuso sexual reiterado hacia una niña de 12 años, quedando en prisión preventiva hasta el 15 de julio. La causa, implicando a tres menores de 14 años, se ha mantenido en reserva.

La Tercera PM reveló una nueva vuelta en la investigación: la intervención del Tribunal Constitucional (TC). El 9 de noviembre, Macaya interpuso ante el TC un recurso de inaplicabilidad.

Defensa de Macaya Busca Declarar Inconstitucionalidad de Ley

La defensa solicita declarar inconstitucional, en este caso, el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, lo que permitiría una pena alternativa a la prisión si se le halla culpable.

La defensa, además, requirió “decretar la suspensión del procedimiento penal en el que incide el presente requerimiento, oficiando al efecto al Juzgado de Garantía de San Fernando. Lo anterior toda vez que, en caso de no suspenderse el procedimiento, el requerimiento presentado podría perder oportunidad, debido a que la aplicación del precepto impugnado sería inminente”.

TC Admite Requerimiento pero Fiscalía Cuestiona su Admisibilidad en Caso Macaya

Aunque el TC admitió el requerimiento, la Fiscalía argumentó en contra de su admisibilidad.

En un detallado informe, la Fiscalía indicó que “el Ministerio Público formalizó a Eduardo Macaya Zentilli, como autor de cuatro hechos constitutivos de abuso sexual con contacto, contra persona menor de 14 años, tipificado en el artículo 366 bis del Código Penal, tres de ellos reiterados” y, por lo mismo, “hay reiteración delictual tanto por el número de víctimas afectadas como por el número de conductas ejecutadas por el imputado”.

El fiscal Ángel Valencia argumentó sobre la proporcionalidad, señalando que “desde que esta Magistratura atiende en este punto, especialmente, a la gravedad de la conducta punible que, según la línea de argumentos sostenida en decenas de sentencias, tiene su expresión más objetiva en la entidad de la pena que tiene asociada, de suerte por las mismas razones antes expuestas, queda también a la vista la falta de fundamento razonable esta sección del requerimiento”.

Además, afirmó que “se trata de cuatro hechos constitutivos de abuso sexual con contacto, del artículo 366 bis del Código Penal que afectaron a cuatro víctimas distintas y en tres de ellos las víctimas fueron objeto de abuso sexual en más de una ocasión”.

Con el trámite de Macaya ya iniciado, su defensa busca debatir el asunto en profundidad y suspender el caso en San Fernando. La decisión final recae en el TC.