El Colegio de Abogados de Chile expresó su rechazo ante las amenazas que enfrentan los actores del sistema procesal penal por la organización criminal Tren de Aragua, denunciándolas como un ataque directo al deber que tienen fiscales y jueces.

Es importante mencionar que se están investigando dichas amenazas y que las personas amenazadas tienen medidas de protección.

¿Cuál fue la posición del Colegio de Abogados?

“Manifestamos nuestra preocupación por el crecimiento de organizaciones delictivas, algunas que han proferido serias amenazas hacia fiscales y jueces. Este escenario se agravó con la decisión de un juez de Garantía de revelar información sobre la identidad de testigos y agentes encubiertos a los defensores, acción que fue posteriormente anulada por la Iltma. Corte de Apelaciones de Arica, acatada por los defensores públicos pertinentes”, señala el comunicado del gremio.

“El Colegio de Abogados condena las amenazas que están recibiendo intervinientes del sistema procesal penal, que importa un claro atentado en contra del ejercicio de la función que le corresponde a los fiscales y a los jueces, lo que no respeta la debida objetividad e independencia que debe asegurarse para el adecuado ejercicio de las funciones que realizan”, añade.

Declaración Pública Colegio de Abogados de Chile "𝗗𝗲𝗺𝗼𝗰𝗿𝗮𝗰𝗶𝗮 𝘆 𝗝𝘂𝘇𝗴𝗮𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗗𝗲𝗹𝗶𝘁𝗼𝘀 𝗖𝗼𝗺𝗲𝘁𝗶𝗱𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗿 𝗢𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘇𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗖𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲𝘀" https://t.co/i2o7YWTvyo #justicia #democracia #chile pic.twitter.com/vj2dc08Lw9

— Colegio de Abogados de Chile (@ChileColegio) September 27, 2023

Hacen un llamado contra las “presiones indebidas”

Posteriormente, el texto indica que “resulta indispensable solicitar a las autoridades del Ministerio Público la máxima diligencia en la investigación respecto de los delitos cometidos por organizaciones criminales, iniciando cuanto antes los juicios respecto de esos hechos, así como aquellos que han afectado a fiscales y a jueces con amenazas que no solo inciden en la esencia de nuestro sistema procesal penal, sino que principalmente en la calidad de la democracia, resultando por ello inadmisibles, injustificables e intolerables, requiriendo de la más expedita y eficaz solución”.

Para concluir, exhorta “a los abogados y demás colaboradores de la administración de justicia a rechazar presiones indebidas a jueces, fiscales y a denunciarlas”.