Thiare Alejandra Elgueda Acuña, de 19 años, es una de las miles de mujeres cuyo paradero permanece desconocido en Chile. Desde el 2 de noviembre de 2020, su familia, amigos y diversas organizaciones feministas han buscado incansablemente, pero hasta la fecha, los esfuerzos han sido en vano.

Desde 2020 hasta 2023, se registraron 32.539 denuncias de presuntas desapariciones de niñas y mujeres en nuestro país. Según una solicitud de información realizada por el medio El Mostrador Braga, la gran mayoría de los casos (30.209) fueron registrados por Carabineros de Chile, que informaron la resolución de 26.785 de ellos, mientras que una menor proporción (2.331) fue registrada por la Policía de Investigaciones, que no pudo proporcionar cifras sobre casos resueltos.

Aunque es difícil establecer tasas exactas por región debido a las diferentes formas de registrar las denuncias por parte de Carabineros y PDI, la mayor parte de las mismas se localiza en la Región Metropolitana. Notablemente, el 62% de las denuncias por desaparición involucran a menores de 18 años, y el resto a adultas. Más del 70% de las desaparecidas son chilenas, mientras que el resto proviene de Venezuela, Bolivia, Colombia, Haití, Ecuador y Perú.

La situación se vuelve aún más compleja en el caso de las mujeres de otras nacionalidades. Las estadísticas apuntan a un alto índice de trata de personas con fines de explotación sexual entre mujeres migrantes. Estas mujeres son a menudo engañadas con la promesa de mejores oportunidades laborales y de vida, o son secuestradas directamente por organizaciones criminales, y llevadas a Chile para ser explotadas sexualmente.

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Según datos de la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas, entre 2011 y 2022, hubo un total de 347 víctimas, el 59% de las cuales eran mujeres. Del total de mujeres, el 71% fue víctima de trata con fines de explotación sexual. Erica Svriz, responsable de la Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT) de Chile, señala que un gran porcentaje de las víctimas de trata, denunciadas como desaparecidas, son mujeres migrantes.

Los casos de mujeres migrantes en situación irregular representan otro desafío, ya que, según Svriz, “no denuncian” y, por lo tanto, a menudo no aparecen en las estadísticas.

La nueva Ley 21.500, promulgada en octubre de 2022 y conocida popularmente como “Ley de extraviados”, busca mejorar la respuesta en las primeras 24 a 48 horas después de la denuncia. Según Karen Hernández Aravena, jefa de la Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana (Briup), la ley ha mejorado la capacidad de respuesta inmediata.

Sin embargo, la aplicación de la ley ha sido lenta. La norma requiere un reglamento emitido por el Ministerio del Interior, que aún no se ha proporcionado a pesar de que el plazo venció en abril. Ante esta situación, un grupo de legisladores del Partido Comunista presentó una resolución pidiendo que la reglamentación se dicte a la brevedad.

La desaparición de mujeres en nuestro país es un problema urgente que requiere una acción más rápida y eficaz por parte de las autoridades. Mientras tanto, la búsqueda de Thiare Alejandra Elgueda Acuña y miles de mujeres más continúa.