Durante casi dos décadas, una mujer estuvo en matrimonio con un individuo que se hacía pasar por un comisario de la Policía de Investigaciones (PDI), a pesar de no tener ningún lazo legítimo con la institución. Esta peculiar historia tuvo lugar en la comuna de Alto Hospicio, ubicada en la región de Tarapacá.

El hombre empleaba una serie de falsificaciones, que incluían armas, placas, grilletes e incluso un casco táctico de la policía, con el fin de persuadir a su esposa. Sin embargo, la sospecha comenzó a aflorar en la mente de la mujer después de una serie de extraños eventos en su hogar.

¿Cuál fue el origen de las sospechas de la mujer acerca de la falsedad del individuo que se hacía pasar por un miembro de la PDI?

Ambos estuvieron casados durante casi 18 años, y desde el primer momento en que se conocieron, el hombre afirmó ser un miembro de la Policía de Investigaciones (PDI). La mujer afectada compartió: “Incluso, me mostró un certificado donde decía que era policía desde 2001. Como mi marido era convincente, yo le creí”.

A primera vista, no existían pruebas sólidas para cuestionarlo: siempre llevaba consigo un arma y una placa aparentemente legítima. Además, en el segundo piso de su residencia, tenía una habitación que utilizaba como su espacio de trabajo, y en la puerta de esta había un letrero con las siglas “PDI”.

No obstante, la mujer comenzó a sentir que algo no cuadraba: “Hace algunos meses, empecé a tener mis dudas sobre él. Me parecía extraño que pasara todo el día en casa y luego saliera por la noche. En una ocasión, le confronté y eso dio lugar a una discusión. Él me argumentó que, debido a la naturaleza de su trabajo, no tenía un horario establecido”, según lo informado por Las Últimas Noticias.

El evento que colmó la paciencia

En diciembre de 2022, el falso comisario llegó a casa en compañía de una adolescente de 15 años de nacionalidad venezolana. Según relató la esposa, él afirmó que le habían encomendado la custodia de la joven y que tenía la responsabilidad de cuidarla.

La adolescente se estableció en la habitación que el hombre solía utilizar como su oficina, y en ese espacio se imponían condiciones muy estrictas: tenía su propia entrada independiente, y el impostor dejó claro que solo él y la menor de edad tenían permitido acceder a esa habitación.

La situación se volvió insostenible para la esposa en septiembre del año pasado: “Una noche, mi marido llegó ‘moreteado’ por todos lados y con un diente menos. Le pregunté que qué le había pasado y me respondió que había tenido un procedimiento en las tomas. No me dijo más”.

Llena de inquietud, la mujer decidió entrar en la “habitación restringida” y capturó fotografías de todo lo que encontró: armas, escopetas, munición y duplicados de identificaciones policiales que contenían los datos del individuo y su ficticio rango de comisario.

Demandó respuestas y desveló la realidad

Armada con toda esta evidencia, el pasado viernes 13 de octubre, la esposa engañada se dirigió a la Brigada de Investigación Criminal de la PDI en Alto Hospicio. Su intención era desentrañar el misterio en el que estaba envuelto su esposo, pero lo que descubrió fue que ella misma estaba atrapada en una gigantesca farsa: él no tenía ninguna afiliación con la institución.

La misma noche del viernes, se llevó a cabo una operación policial en la vivienda de la familia. Cuando los agentes ingresaron a la habitación donde se alojaba la joven extranjera, los sorprendieron junto al individuo en cuestión, quien había estado abusando sexualmente de ella durante un tiempo considerable.

Además de arrestarlo y descubrir las falsificaciones policiales, las autoridades también confiscaron 235 gramos de clorhidrato de cocaína y municiones auténticas.

En la actualidad, el individuo detrás de esta asombrosa farsa se encuentra bajo detención preventiva, enfrentando acusaciones por cuatro delitos: haber violado la ley orgánica de la PDI, tráfico de drogas, estupro (por mantener relaciones sexuales con la menor de edad) y tenencia ilegal de armas.

A pesar de la ausencia de historial delictivo, el Tribunal de Garantía de Iquique determinó que representaba una amenaza para la comunidad.