Con el respaldo exclusivo de Chile Vamos y el Partido Republicano, el Consejo Constitucional ratificó este miércoles medidas que abogan por la objeción de conciencia tanto individual como institucional, y la opción de que enfermos terminales sirvan sus condenas en casa, lo cual podría favorecer a individuos sentenciados por crímenes contra la humanidad.

En cuanto a la “objeción de conciencia institucional”, recibió la oposición unánime del oficialismo, pero ganó el apoyo de la representante de Evópoli, Gloria Hutt, y de RN, Lorena Gallardo.

Este apartado ha sido objeto de críticas por parte de las facciones de izquierda, que lo ven como una vía para que organizaciones puedan eludir la ley; por ejemplo, permitiendo que una empresa evite pagar impuestos, o que un colegio discrimine a un estudiante, o que farmacias no vendan la píldora del día siguiente.

Luis Silva, consejero del Partido Republicano, justificó la medida, señalando que no es su responsabilidad “imaginar” las posibles implicaciones de las leyes que aprueban.

“La objeción de conciencia institucional, lo primero que hay que decir es que no es una novedad en el derecho chileno, está considerada explícitamente en la ley que despenaliza el aborto en tres causales. A nosotros no nos toca imaginar cuáles son los alcances que puede tener una norma, porque están llamadas a vivir en el tiempo a través de distintas circunstancias y muy particularmente las normas constitucionales”, añadió Silva.

Otras enmiendas ratificadas solo por Chile Vamos y el Partido Republicano permiten que enfermos terminales cumplan sus penas en el domicilio, lo que apuntaría a beneficiar a individuos condenados por crímenes de lesa humanidad.

Yerko Ljubetic, consejero de Convergencia Social, sostuvo que el actuar de Chile Vamos evidencia que esta coalición no está ejerciendo un rol moderador frente a la extrema derecha.

Por su parte, la votación del segundo capítulo se reanudará este jueves, abordando temas como derechos a la salud, educación, pensiones, agua y vivienda.

En cuanto al proceso, a partir del 7 de octubre, una Comisión de Expertos podrá ofrecer observaciones para enriquecer la propuesta que el Consejo Constitucional presentará. Luego, el Consejo decidirá si incorpora las recomendaciones de los expertos.

Finalmente, el texto definitivo será objeto de un plebiscito el 17 de diciembre, con las opciones de “A favor” o “En contra”.