Lipigas, que posee el 34% de la participación de mercado en la industria del gas licuado de petróleo (GLP), emitió un comunicado en el que solicitó que las decisiones regulatorias sobre el proyecto de ley que busca regular esta industria se basen en evidencia y no en teorías.

Por su parte, desde Abastible expresaron que la desintegración propuesta afectaría la libertad y el derecho de las pequeñas y medianas empresas distribuidoras de elegir su propio modelo de negocio.

Lipigas criticó la medida y la decisión de desintegrar el mercado mayorista del mercado minorista, asegurando que esto no conducirá a una disminución de los precios.

“Una nueva legislación debe asegurar que va a mejorar lo que existe hoy en términos de precio, seguridad y accesibilidad al gas licuado en cilindro (…) no se puede cometer un error con un servicio básico que usa más del 80% de las personas en el país”, afirmaron desde la empresa.

Comparaciones con Brasil y México

En esta misma línea, agregaron que, bajo su perspectiva “la evidencia demuestra que el gas más barato lo obtienen hoy los usuarios cuando es la empresa mayorista la que llega hasta el cliente final”.

“Al desintegrar el mercado, es decir, al impedir que la empresa de gas le venda al usuario final, como plantea el proyecto de ley, los precios no bajarán y nos preocupa que se generen expectativas que no se cumplirán”, enfatizaron.

Y añadieron: “En 2016, en Brasil intentaron aplicar las mismas medidas que propone el proyecto: se prohibió la distribución directa a las empresas de gas para aumentar la competencia y bajar los precios. La medida fracasó y tres años más tarde derogaron la ley”.

“En México ocurrió un caso similar con los mismos resultados, donde, además se generaron problemas de seguridad, lo que puso en riesgo a las personas”, aseguraron desde la compañía.

La opinión de abastible

Por su parte, Abastible dijo: “Nos preocupa que el modelo de operación que se ha construido con miles de pymes distribuidoras a lo largo del país y que ha demostrado entregar cobertura con un servicio de calidad con énfasis en la seguridad, no haya sido valorado en este proyecto”, afirmando que ello pone “en peligro la subsistencia de miles de pymes”.

En ese sentido, sostienen que “la desintegración que se impone afecta la libertad y el derecho de los distribuidores pymes de elegir su propio modelo de negocio, no pudiendo pactar ningún tipo de acuerdo comercial, afectando la sostenibilidad financiera de los distribuidores, sobre todo de los más pequeños”.

La empresa además hace un llamado a que “durante el trámite legislativo se genere un diálogo verdaderamente inclusivo con todos los actores, en especial con los distribuidores y con especialistas, lo que no ha ocurrido hasta ahora”.