Impactante respuesta desde La Moneda tras la filtración del audio de Gabriel Boric
El Gobierno ha planteado la sugerencia de que, a partir de este momento, las reuniones privadas se realicen prescindiendo del uso de teléfonos móviles.
El Gobierno ha propuesto la recomendación de que las reuniones privadas a partir de ahora se realicen “sin el uso de teléfonos celulares”
Esta medida surge como respuesta al conocimiento de la identidad de la persona que filtró un audio privado de una reunión en la que participó el Presidente Gabriel Boric el pasado martes 13 de junio en Cerro Castillo.
La drástica decisión que toman en la Moneda
El Presidente aún se encuentra molesto tras conocer que el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, grabó y filtró un importante audio del Gobierno.
Según Emol, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, indicó que desde La Moneda se ha decidido requisar los teléfonos celulares antes de las reuniones con el Presidente de la República, como parte de un protocolo anunciado el miércoles.
Además, se tomarán medidas legales por la grabación y filtración, con la ministra del Interior, Carolina Tohá, presentando una denuncia ante la Fiscalía.
En ese sentido, el ministro de Justicia, Luis Cordero, abordo el tema e indicó que “El Ejecutivo ya presentó la denuncia, el diputado ha dicho lo que ha dicho, pero en este momento, la investigación está en manos de los fiscales“.
¿Qué pasó?
El diputado Mellado fue responsable de grabar y filtrar un audio de una reunión entre el Presidente Gabriel Boric y congresistas de las regiones del Biobío y la Araucanía.
El encuentro tuvo lugar el martes 13 en Cerro Castillo, como parte de la visita del Presidente a la Macrozona Sur.
¿A qué condena se arriesga Mellado?
El fiscal Carlos Hoffmann detalló que “Aquellas personas que graben una reunión de carácter privado, en una oficina, en cualquier lugar que no sea de acceso público, sin estar autorizadas, cometen un delito que está tipificado en el Código Penal en el artículo 161 A”.
“Arriesgan penas que van desde los 61 días a los cinco años de presidio menor en su grado mínimo a máximo”. Y agregó que “si la persona que grabó sin autorización, también lo difunde, a través de medios de comunicación, por ejemplo, ahí ya arriesga una pena en su grado máximo”, agregó.